DECAPITACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA
Francisca Bernal Pérez
Otra profesión, Enfermera, Asistencial, Hospital de Bellvitge, Viladecans, España
Viladecans, España (SIIC)
Las políticas de recortes en España está acabando con el estado de bienestar. Los efectos colaterales producidos por la crisis económica están aflorando en la sociedad española, que ve cómo su gobierno externaliza y privatiza todo aquello que es público en manos de una gestión privada a la que considera más eficaz.
Las políticas de recortes en materia de salud, educación y servicios sociales impulsada por el Gobierno español y bajo la atenta mirada colaboradora de Europa está guillotinando el Estado del Bienestar.
La situación coyuntural en la que nos vemos inmersos debido a una crisis económica está obligando a desarrollar políticas austeras de carácter social que incide en el día a día de los más desprotegidos: desempleados, pensionistas, discapacitados, etc.
Desde los altares se nos está haciendo creer que es imposible la sostenibilidad del Estado del Bienestar por varias razones; la primera es que a causa del alto porcentaje de desempleados, las cotizaciones a la Seguridad Social que son básicas para el mantenimiento de la sanidad, son ínfimas, la segunda razón es que la Administración tiene un elevado déficit que es imposible asumir por el Estado. Para ello, nuestro Gobierno ha promovido serias medidas para intentar paliar este déficit; ello ha contribuido a crear límites en las carteras de servicios públicos. En este sentido se han incrementado las medidas de ajustes que han disparado la alarma en la sociedad española.
Medidas como el copago sanitario, externalización de servicios, despidos de profesionales, disminución de intervenciones quirúrgicas, reducción económica en las prestaciones a la Ley de Dependencia han intensificado los efectos colaterales de la crisis: aumento en las listas de espera, disminución de la calidad y atención en los centros asistenciales, desmotivación de los profesionales y un largo etcétera
A todo ello, el Gobierno en aras de superar esta crisis ha ideado una nueva fórmula de contención en el gasto público; externalizar servicios antaño públicos en la creencia que la gestión privada es más eficaz. Esta fórmula quizás sería más eficiente si la empresa a gestionar no fueran personas. Además no existen estudios contrastados en la que se sugiera que la gestión privada sea más idónea que la pública.
Alrededor de toda esta crisis camuflada y emergida del afán desmesurado de peculios, están las grandes empresas farmacéuticas, de seguros y los mercados de poder que manejan informaciones e informes de primer orden y que serán los grandes beneficiados de este convulso período histórico.
Si realizamos un acto de reflexión más allá de lo que nuestro Gobierno quiere transmitirnos, veremos sendas marcadas en el horizonte que ya han comenzado a aflorar en forma de contratos y licitaciones de empresas sanitarias privadas.
Con todo ello y sin demorar en demasía los verdaderos problemas que esta decapitación está suponiendo para la sociedad española, observaremos que ya son muchos los informes de expertos que están dirimiendo los efectos colaterales de esta vorágine capitalista; son muchos los pacientes que están dejando de tomar su medicación por falta de dinero; casos de cáncer que necesitan de intervención quirúrgica urgente son delegados en el tiempo, el cierre de camas de hospitalización supone la sobresaturación de los servicios de urgencias, los profesionales están desmotivados por un lado por los incrementos de ratio por paciente, aumento de jornadas laborales, pérdida de poder adquisitivo debido a la bajada de salarios y la poca o nula empatización con sus superiores jerárquicos; si a todo esto sumamos el empobrecimiento que está sufriendo la sociedad española, otearemos un caldo de cultivo que puede explotar en varios sentidos y en ninguno de ellos se ve por asomo la presunción de inocencia de nuestro Gobierno que opta por ayudar a la Banca en vez de prestar auxilio a sus conciudadanos.
Los ciudadanos exigimos transparencia en las gestiones de los políticos, pero sólo obtenemos más casos de corrupción tapados por el poder. Podemos entender que la crisis tenga algo que ver con la imposición de tantos recortes, que sea algo coyuntural, momentáneo, lo que ya no está tan claro, que todos estos ajustes vayan dirigidos a las clases más desprotegidas y a los sectores sociales donde más gasto se produce pero en donde más equidad e igualdad impera.
El Estado es por función propia garante de ofrecer a su Pueblo la defensa y el respaldo que necesita, sobre todo a los débiles que ya sea bien por edad, enfermedad y otras penurias no sea capaz de realizar esta defensa por sí mismo. Un Estado que no brinda este apoyo no merece gobernar para los suyos.
Pese a todo este panorama desolador, la sociedad española está invirtiendo en solidaridad; se están creando asociaciones que ayudan a los desamparados de esta crisis, los bancos de alimentos dan amparo a familias enteras que tienen todos sus miembros en paro y no reciben ninguna prestación de ayuda, asociaciones que intentan parar los desahucios de miles de personas que se ven abocadas a la calle sin más contemplaciones. Todo este horizonte de socorro civil se ve empañado por la nula asistencia de nuestro Gobierno.
El Gobierno de la Nación intenta explicar por activa y por pasiva los fundamentos de sus acciones presupuestarias. Comenta que la sociedad española ha vivido durante mucho tiempo por encima de sus posibilidades y ahora es tiempo de sufrir un suplicio que no está estudiado ni amparado por muchos economistas que indican que las medidas adoptadas por el gobierno ahondan más en la recesión. En ningún momento se han abordado las medidas equitativas que supondrían un alivio a las arcas del Estado. Las grandes empresas siguen cotizando lo mínimo con el miedo añadido de que si suben los impuestos, éstas abandonarán el territorio español; las corruptelas son el pan de cada día y el silencio de políticos implicados añaden la desazón de que todo vale y no pasa nada.
No se han puesto las medidas necesarias para combatir la crisis y los verdaderos problemas de España. No se han dado cuenta de que debemos convertirnos en una economía más productiva y para ello es imprescindible invertir en educación, emprendimiento, mayor participación de la sociedad, mayor transparencia política y de gestión, despolitizar el sistema sanitario y educativo, hacer políticas sociales y enmendar la situación que nos ahoga y asfixia.
No se arregla todo con el hecho de privatizar el Estado del Bienestar insistiendo en que la gestión privada es más eficaz que la pública. No se puede ni se debe hacer negocio de la enfermedad. Sabemos que la Sanidad y la Educación son caras de mantener, pero pagamos muchos impuestos que realmente no sabemos dónde van a parar o sí? De momento se ayuda a la Banca y a sus directivos a cobrar pensiones de jubilación millonarias, mientras el ciudadano español le suben los años para cobrar su pensión.
Nuestra sociedad tiene una de los mejores servicios sanitarios de todo el mundo y se ha constatado que es uno de los más económicos. Entonces ¿por qué ha de ser privatizado? Sólo se me ocurre una idea, un cambio de modelo liberal gestionado por empresas y monopolios ávidos de ambición donde el que pueda pagar los servicios se mantendrán en el mercado productivo y el que no se verá abocado a la indigencia y mendicidad.
Las crisis se han producido siempre y de ellas se han salido, pero ésta está eternizándose en el horizonte. Quizás no se quiera salir de ella tan rápidamente como sería necesario.
