Muchos gobiernos buscan métodos para salir de las medidas restrictivas impuestas para controlar la propagación del síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Al no haber una vacuna potencial a corto plazo contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), algunos países, incluidos Chile, Alemania, Italia, Reino Unido y EE.UU., propusieron la utilización de pasaportes de inmunidad, consistentes en documentos digitales o físicos que certifican que un individuo estuvo infectado y supuestamente es inmune al SARS-CoV-2. Las personas con ese pasaporte podrían estar exentas a las restricciones físicas, con posibilidad de regresar a su vida habitual. Sin embargo, los pasaportes de inmunidad plantean considerables desafíos científicos, prácticos, equitativos y legales. El 24 de abril de 2020, la OMS advirtió sobre la falta de evidencia acerca si las personas recuperadas de COVID-19 y con anticuerpos están protegidas de una segunda infección, ya que no hay certeza suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un “pasaporte de inmunidad'". A la fecha no se estableció si la presencia de anticuerpos confiere inmunidad posterior y, de ser así, qué cantidad de anticuerpos se necesita para la protección o cuánto dura dicha inmunidad. La utilización de la “prevalencia  serológica” para la formulación de políticas dependerá de la precisión y la confiabilidad de las pruebas, particularmente el número de resultados falsos positivos y falsos negativos. A nivel individual, un resultado falso positivo podría llevar a un individuo a cambiar su comportamiento a pesar de ser susceptible a la infección, a infectarse y transmitir el virus, sin saberlo.

Los pasaportes de inmunidad impondrían una restricción artificial sobre quién puede participar en actividades sociales, cívicas y económicas y podrían crear incentivos perversos para que las personas busquen infectarse, con riesgos para la salud individual y pública. Dichos incentivos deben entenderse en el contexto de la presión que los gobiernos podrían enfrentar de las empresas que buscan recuperar su fuerza laboral.

Como cualquier privilegio administrado por un gobierno, los pasaportes de inmunidad serían propicios tanto para la corrupción como para el sesgo implícito. Las desigualdades socioeconómicas, raciales y étnicas existentes pueden reflejarse en la administración de dicha certificación. Al replicar las desigualdades presentes, el uso de pasaportes de inmunidad exacerbaría el daño infligido por COVID-19 en poblaciones ya vulnerables.

Las posibles consecuencias discriminatorias de los pasaportes de inmunidad podrían no ser abordadas expresamente por los regímenes legales existentes, porque la inmunidad contra la enfermedad (o la falta de ella) como estado de salud es un concepto novedoso para las protecciones legales. En función de la jurisdicción, las leyes contra la discriminación pueden cubrir el estado de salud en general como una categoría protegida, y también aquellos para quienes la infección presenta un riesgo desproporcionado, como ser personas mayores, embarazadas, individuos con discapacidades o con comorbilidades. Esta inequidad no es una consecuencia que pueda ser legislada fuera de contexto, la adopción de leyes que evitan la discriminación en base al estado inmune es incongruente con un proceso expresamente destinado a privilegiar la participación socioeconómica de acuerdo con dicho estado. Según la ley internacional de derechos humanos, los estados tienen la obligación de evitar la discriminación, al tiempo que toman medidas para lograr progresivamente la plena realización de los derechos sociales y económicos. Los pasaportes de inmunidad correrían el riesgo de consagrar tal discriminación en la ley y socavar el derecho a la salud de las personas y la población mediante los incentivos perversos que crean.

Cuando se reanuden los viajes internacionales, los países pueden exigir a los viajeros que demuestren su inmunidad como requisito de ingreso. Según el International Health Regulations (IHR) de 2005, los estados pueden implementar medidas que "logren el mismo o mayor nivel de protección de la salud que las recomendaciones de la OMS"; sin embargo, tales medidas deben tener una lógica, no ser discriminatorias, considerar los derechos humanos de los viajeros y no ser más restrictivas del tráfico internacional que las alternativas razonablemente disponibles. Dadas las incertidumbres actuales sobre la precisión e interpretación de las pruebas serológicas, es poco probable que los pasaportes de inmunidad satisfagan esta carga probatoria y son contrarios a las recomendaciones de la OMS contra la interferencia con los viajes internacionales que se emitieron cuando el WHO Director-General declaró a COVID-19 una Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dado el impacto discriminatorio de los pasaportes de inmunidad, cualquier cambio en las recomendaciones de la OMS debe considerarse en el contexto de las protecciones de los derechos humanos del IHR.

Si bien los pasaportes de inmunidad se compararon con los certificados internacionales de vacunación, existen diferencias significativas entre los dos tipos de documentos, lo que ocasiona efectos diferentes sobre el riesgo para la salud individual, la salud pública y la capacidad del individuo para consentir y controlar. La principal diferencia es la naturaleza del incentivo; los certificados de vacunación incentivan a las personas a vacunarse contra el virus mientras que los pasaportes de inmunidad incentivan la infección. Según el IHR, los estados pueden exigir a los viajeros que proporcionen certificados de vacunación, pero esto se limita a enfermedades enumeradas expresamente en el Anexo 7, que actualmente sólo incluye a la fiebre amarilla. En el caso que se produzca una vacuna, los certificados de vacunación COVID-19 podrían incluirse en las recomendaciones revisadas de la OMS para el PHEIC COVID-19.

Mientras no se disponga de una vacuna accesible, que no está garantizada, la salida de esta crisis se basará en las medidas establecidas, como testeo, rastreo y cuarentena de los contactos y aislamiento de casos.

El éxito de estas prácticas depende en gran medida de la confianza pública, la solidaridad y de abordar las desigualdades e injusticias que contribuyeron a que este brote se convirtiera en pandemia.