|
COVID-19: medicinal supplies should be exempted from patents and intellectual property rights
Artículo completo  Las compañías que monopolizan el mercado de productos anti-COVID-19 disponen de la OMC para legalizar un comercio que les garantiza inmediatas ganancias mientras persista el pandemonio que podría evitarse si la creación, producción y distribución no recayeran en sus exclusivas manos. Al respaldo inicial de la Argentina, Pakistán, Venezuela, Egipto, Indonesia, Mozambique y unos pocos más, la propuesta de la India y Sudáfrica cosechó luego decenas de apoyos brindados por países de recursos limitados. Los DPI privados de investigaciones públicas La estrecha relación de la industria de la salud con centros de investigación, públicos o privados, coterráneos o extranjeros, les facilita apropiarse de los DPI de aquellos estudios con altas probabilidades de rentabilidad, auspiciados con generosos subsidios o compras anticipadas efectuadas por los estados. Las vacunas “líderes” seguramente ya han percibido un rendimiento razonable de su propia inversión, y más también. Solo en los EE.UU., las seis principales empresas fabricantes de vacunas recibieron en subsidios públicos más 12 000 millones de dólares.1 Los gobiernos de otros países poderosos proporcionaron montos extraordinarios por conceptos semejantes. Aunque Pfizer no recibió subsidios directos del gobierno de los EE.UU., consiguió pedidos anticipados de 100 millones de dosis por 1950 millones de dóleraes.2 Además, la vacuna se basó en la tecnología aportada por la compañía BioNTech, cuya investigación recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán.3 Si bien Pfizer plantea que los costos para desarrollar la vacuna ascienden a 3.1 mil millones de dólares,4 las ventas estimadas en 2021 totalizarían 15 mil millones de dólares.5 El desarrollo de la vacuna de Moderna costó 2.5 mil millones de dólares, aparentemente financiado en su totalidad por el gobierno federal de los EE.UU.6 La vacuna del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, de reciente aprobación en los EE.UU., se benefició tanto con los subsidios del gobierno como con el pedido anticipado de 100 millones de dosis que seguramente cubrirá sus costos.7 El caso de la vacuna Oxford-AstraZeneca es particularmente ilustrativo, porque además se considera viable para su producción y uso en países periféricos. La vacuna fue desarrollada en su totalidad por un laboratorio de la Universidad de Oxford financiado con fondos públicos. El modelo de distribución original se definió para una plataforma de licencia abierta, diseñada para que la vacuna estuviera disponible gratuitamente para cualquier fabricante, tal como lo anunciaba el comunicado Expedited access for COVID-19 related IP8 (Acceso acelerado a propiedad intelectual relacionada con COVID-19) de la Universidad de Oxford. Sin embargo, la Fundación Gates, que tenía influencia porque había donado 750 millones de dólares a Oxford para el desarrollo de vacunas, persuadió a la universidad para cambiar de rumbo por completo y firmar “un acuerdo exclusivo de vacunación con AstraZeneca que le otorgaba al gigante farmacéutico derechos exclusivos, sin necesidad de garantizar precios reducidos”.9 Oxford y AstraZeneca prometieron no obtener ganancias con la venta de la vacuna, pero los detalles quedaron en la nebulosa. Si bien Oxford no recibirá regalías durante la pandemia, posteriormente podría beneficiarse de patentes, a través de empresas derivadas con fines de lucro. Mientras tanto, AstraZeneca cobra precios diferenciales por sus vacunas y algunos países pobres pagan tarifas más altas. La Unión Europea desembolsa 3.50 dólares por dosis, mientras que Bangladesh paga 4 dólares y Sudáfrica, hasta 5.25 dólares.10 Para las vacunas contra la COVID-19, las mayores compañías farmacéuticas recibieron subsidios de gobiernos que cubrieron gran parte o la totalidad de los costos de investigación y desarrollo. Las empresas farmacéuticas privadas también se beneficiaron de investigaciones públicas previas11 y los bajos costos de las pruebas clínicas, debido a la abundancia de voluntarios no remunerados para los ensayos. Los cuerpos que migran no deberían ceder sus almas Las patentes que especialmente disfrutan EE.UU. y la Unión Europea imponen la legalización internacional de los monopolios corporativos sobre la producción generalizada de bienes y servicios. En circunstancias de pandemia mundial, las patentes y los DPI vigentes conducen a un caótico sistema de producción y distribución de fármacos y equipos de protección para los trabajadores de la salud y la población en general. La legislación sobre patentes se propuso originalmente para alentar y proteger a los inventores individuales. Con el paso del tiempo, fueron absorbidos por los grandes intereses corporativos que exigen a sus colaboradores la cesión legal de las ideas innovadoras que, una vez concedidos, protegerán privadamente bajo el paraguas de los DPI. Por su parte, los laboratorios de investigación –públicos o privados–, concentran un importante número de científicos cuyas formaciones corrieron por cuenta ajena, es decir, de países lejanos, extraños, con restringidos presupuestos dedicados a ciencia y técnica, solventados por una población en su gran mayoría escasa de recursos. Los profesionales nuestros y del Tercer Mundo en general, que sobresalen en lo suyo, anuncian “aquí estoy a disposición” o son fácilmente rastreables por consultoras o asesores universitarios. Una vez seleccionados, la sencilla exportación de cerebros requerirá contratos previos que cederán las creaciones aquellas que, en el momento de las formaciones académicas, sus compatriotas supusieron que se aprovecharían en casa. En consecuencia, los subsidios financieros de los estados centrales, sumados a las inconmensurables inteligencias periféricas, representan idas “sin venidas” de las inversiones fiscales aportadas por ambas partes del planeta, que luego, como si les perteneciera –y aquí viene el absurdo– pretenden cobrar en concepto de patentes y DPI. A estas “facilidades extendidas”, la urgencia pandémica justificará, además, que los estados de países enriquecidos anticipen la compra de millones de dosis en precios solo pagables por ellos. Las cantidades adelantadas a sus poderosos clientes, contribuirán al desabastecimiento del resto del mundo, impedido de producir por cuenta propia, según solicitan la India y Sudáfrica ante una OMC cuya función será boicotear la propuesta con el fin de postergar o disimular el control de la salud mundial. La “caridad” de los acaparadores La industria, los fondos de inversión y el comercio concentrados hacen gala de la propiedad exclusiva de los desarrollos científicos con el auxilio de medios de prensa, embajadores, consultores, fundaciones “desinteresadas” y organismos como la OMC, creados a su imagen y semejanza. En la Argentina, Aude Maio-Coliche, embajadora local de la Unión Europea (UE), encubre el negocio de sus mandantes con notable desvergüenza: “Nos esforzamos para que nuestra acción europea sea totalmente complementaria con nuestro compromiso de solidaridad mundial.”12 La embajadora remarcó a un diario argentino la bondad de los países que representa: “La Unión Europea realizó compras anticipadas que superaban en número a las dosis requeridas por sus 460 millones de habitantes, con la intención de poder ayudar a otros países. En este sentido, trabajamos para establecer un mecanismo que facilite la venta o donación de los stocks remanentes de vacunas a países terceros.” 13 Las compras anticipadas garantizarán no solo rentabilidades a precios y condiciones leoninas, sino también inmunidades legales, no a la población, sino a los fabricantes. Y para rematar (o rematarnos), Maio-Coliche explica el proceder filantrópico de Europa para beneficiar a la humanidad: “Cuando apoyamos a las empresas farmacéuticas para que amplíen su capacidad, avancen en la investigación y apoyen el desarrollo, es en beneficio de la población mundial. Cuando asumimos el riesgo invirtiendo por adelantado en el desarrollo acelerado y la fabricación de vacunas, también es en beneficio del resto del mundo.” 13 La desfachatez de la embajadora configura un delito que dejará de ser legal. Medido en términos especulativos, usureros y de “piolada”, un negocio redondo que los angelicales empresarios y quienes los representan en la OMC celebrarán en paraísos insulares con langostas y perignones, exentos de imposiciones estatales, morales, éticas y humanitarias. En conclusión, las vacunas contra la COVID-19 financiadas con fondos públicos deben tener precios accesibles –sin distinciones de PBI– y estar a disposición de todos los países, al par que los gobiernos garanticen el acceso global y la capacidad de fabricación adecuada. Como primer paso para lograr estos objetivos humanitarios elementales, todos los miembros de la OMC están obligados a respaldar la propuesta de exención temporal de las patentes y DPI para las vacunas y tratamientos para la COVID-19 hasta que la totalidad de los habitantes del planeta logren protegerse. Es decir, debemos practicar sin hipocresías la repetida frase “nadie está a salvo de la COVID-19 hasta que todos estén a salvo.”
|
Conclusión breve
Principal: 