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Aunque parezca absurdo, los países centrales del planeta proyectan su legalidad a través de la OMC cuando imponen condiciones comerciales leoninas, discriminatorias del conjunto de la población acosada por la pandemia.

En momentos de extrema angustia social, la elaboración de vacunas, medicamentos e insumos contra la COVID-19 se concentra en un puñado de empresas mayoritariamente privadas y con fines de lucro.

El monto de sus ganancias definirá la elección de los países que serán “premiados” con sus ventas y, en consecuencia, cuáles serán los ciudadanos del mundo que recibirán inmediatos provechos en contraste con la mayoría que deberá esperar.

Esta protección de unos pocos a costa de los más pretende exhibirse como nacida de las entrañas de la humanidad, cuando en realidad, simplemente se asienta en el afán de beneficio regido por supuestas legalidades generalmente impuestas a cañonazos.

En los próximos meses asistiremos a la fiesta de los países y clases sociales que sobrevivirán a la pandemia, en contraposición al dolor de quienes continuarán sufriéndola.

Las propuestas de la India y Sudáfrica presentadas en la OMC contribuyen a la eliminación progresiva de las reglamentaciones que hoy formalizan el predominio de la injusticia social.

Postergamos para una segunda oportunidad la relación entre los centros de investigación y la industria de la salud, así como los apoyos regionales o nacionales recibidos por ambos sectores.






La propuesta de la India y Sudáfrica

Mientras asistimos a los últimos avances en vacunas, India y Sudáfrica, respaldados por otros países en desarrollo y de bajos ingresos, intentan lograr una exención temporal de las patentes y derechos de propiedad intelectual (DPI) para medicamentos, vacunas, diagnósticos y tecnologías de COVID-19. El 2 de octubre los dos países presentaron su propuesta ante la OMC.

En la reunión del jueves último, la entidad económica no logró el acuerdo de sus miembros para el tratamiento de la propuesta, pese a contar con el respaldo de países en desarrollo como Argentina, Pakistán, Venezuela, Egipto, Indonesia y Mozambique, y otros que apoyaron su discusión: Chad, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, el grupo de negociación de países del Caribe y el Pacífico, Nigeria, Filipinas, Senegal, Turquía y Tailandia.

India y Sudáfrica solicitan la exención de disposiciones relacionadas con los DPI, las patentes, los secretos comerciales y los derechos de autor que limiten el abordaje de la COVID-19. Las restricciones a modificar están incluidas en el acuerdo multilateral de 1995 denominado Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC).

Los proponentes procuran se permita a los países el acceso a medicamentos, vacunas, test diagnósticos y tecnologías a precios asequibles.

El acuerdo sobre los ADPIC rige las normas para proteger y hacer cumplir todas las formas de DPI. Tiene una repercusión de amplio alcance en el acceso a los medicamentos, especialmente en los países de bajos ingresos y en desarrollo.

La propuesta precisa que la exención debería mantenerse hasta que la mayoría de la población mundial desarrolle inmunidad contra el nuevo coronavirus y la inoculación esté generalizada; también destaca que los DPI obstaculizan el acceso oportuno a medicamentos asequibles. También señala retrasos en la fabricación de fármacos y vacunas debido a determinadas disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC.





El debate del tema se bloquea reunión tras reunión. Las del Consejo de los ADPIC, celebradas entre el 15 y el 16 de octubre, lo derivaron al encuentro del Consejo General de la OMC, máximo estamento para la toma de decisiones, del 10 de diciembre. Como ese día sus miembros “no lograron llegar a un consenso sobre la propuesta, acordaron mantener este tema en la agenda de las futuras reuniones del Consejo de los ADPIC para permitir una mayor consideración de la solicitud de exención”, dijo un funcionario de la OMC con sede en Ginebra.

Las recientes reuniones celebradas el 16 y el 17 de diciembre confirmaron el poder de lobby de las grandes compañías promotoras de patentes y DPI en general. Los representantes gubernamentales de los países opositores a la propuesta, una vez más consiguieron postergar su tratamiento.



Los argumentos de la India

Durante la reunión del Consejo de los ADPIC del 16 de octubre, India resaltó que la propuesta conjunta era importante para aquellos que tenían capacidades de fabricación insuficiente o nula de los productos sanitarios necesarios para combatir la crisis de COVID-19.

Afirmó, además, que los DPI eran una barrera para el acceso equitativo a tratamientos y vacunas, y citó el ejemplo de las demandas presentadas por empresas privadas por infringir los DPI sobre los productos COVID-19 y las limitaciones que estos plantean para incrementar la producción de reactivos, kits de prueba y otros métodos diagnósticos.

Los delegados indios también señalaron que la propuesta conjunta buscaba específicamente una exención de las secciones relativas a los DPI, las patentes, los derechos de autor y los secretos comerciales porque productos como kits de prueba, máscaras, medicamentos, vacunas y componentes de ventiladores están cubiertos por ellos. También dejaron en claro que la exención abarque un período limitado.

La India declaró en la reunión de los ADPIC del 20 de noviembre: “Por un lado, estos países están comprando la mayor cantidad posible del limitado suministro, privando de vacunas a los países en desarrollo y menos desarrollados. Por otro lado, y de manera muy extraña, estos son los mismos que argumentan en contra de la necesidad de la exención que puede ayudar a aumentar la fabricación y el suministro mundial de dichas vacunas para lograr no sólo un acceso equitativo, sino también oportuno y asequible a todos los países”.



Sudáfrica expone

El gobierno de Sudáfrica respondió a las objeciones aportando diversos ejemplos de cómo los DPI impusieron barreras de acceso.

Los fabricantes de terapias de anticuerpos monoclonales que están bajo protección de patente, como Regeneron y Eli Lilly, han bloqueado la mayor parte de su capacidad en acuerdos bilaterales. “La disparidad en el acceso es segura a menos que se tomen medidas concretas para encarar las barreras de DPI”, dice la declaración de Sudáfrica.

Para las vacunas, Sudáfrica cita la batalla legal en la India entre Médicos Sin Fronteras (MSF) y Pfizer por su vacuna antineumocócica, donde una patente bloqueó el desarrollo de versiones alternativas de la vacuna. En Corea del Sur, Pfizer demandó a la empresa local SK Bioscience, que había desarrollado una vacuna antineumocócica conjugada (PCV), lo que obligó a finalizar la producción de PCV-13.

Sudáfrica argumenta que surgirá una situación similar con las vacunas COVID-19 a menos que se tomen medidas para abordar las barreras de los DPI.







A favor y en contra

India, Sudáfrica, Kenia y Eswatini copatrocinan la propuesta; la respaldan plenamente Argentina, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Túnez, Venezuela, Egipto, Indonesia, Malí, Mauricio, Mozambique y Nicaragua. Adhirieron a que sea discutida Chad, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, el grupo de negociación de países del Caribe y el Pacífico, Nigeria, Filipinas, Senegal, Turquía y Tailandia, entre otros.

El debate fue negado por Australia, Brasil, Canadá, Unión Europea (España incluida), Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Algunos representantes de sus gobiernos coincidieron en afirmar que las flexibilidades existentes en las normas mundiales de DPI son suficientes para permitir la concesión de licencias obligatorias en países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, la experiencia demuestra que las salvedades son difíciles de aplicar y que se necesita aumentar las flexibilidades para cumplir con la escala del desafío que plantea la COVID-19.

“La reacción de los países desarrollados, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea, es una réplica en clave COVID del dominio norte rico sobre sur pobre y la división mundial del trabajo que hay en este momento”, afirma Jorge Jobkovsky, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina.

“La buena noticia es que la Argentina acompañó esta propuesta y la mala es que los principales países desarrollados le están poniendo un freno”, se lamenta Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, otra de las organizaciones locales de la sociedad civil que apoyan esta propuesta, y advierte que los procesos de aprobación en la OMC son “complicados” ya que se realizan por consenso o por una gran mayoría, lo que impide que muchas propuestas avancen aunque los países en desacuerdo sean minoritarios.

Sobre el tema, el Ministerio de Industria y Comercio de España comunicó: “Los DPI ni deben suspenderse, ni es necesario hacerlo, ya que los ADPIC en su artículo 31 ya ofrece suficiente flexibilidad, mediante el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias especiales, para poder hacer frente al suministro y distribución de medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia de la COVID-19?. A continuación compromete aún más la postura de su gobierno: “No hay ninguna prueba de que los DPI sean una verdadera barrera en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con la COVID-19?.

Irene Bernal, investigadora española de acceso a medicamentos en la organización Salud Por Derecho, afirma que estos mecanismos, fondos y promesas no aseguran un acceso equitativo: “Estamos viendo que quien tiene el dinero es el que tiene acceso. El 53% de las vacunas nos las hemos quedado el 14% de la población, los ricos. Las compañías tienen una capacidad de producción limitada”. A continuación pregunta y responde: ¿Cuándo van a llegar entonces las dosis a los países más pobres? Suspender las patentes permitiría una producción a gran escala suficiente para abastecer mejor al mercado”.

La afamada revista británica The Lancet sólo cita en su nota del 10 de diciembre las opiniones de John-Arne Røttingen, director del WHO Solidarity Trial (Ensayo Solidario de la OMS) para tratamientos COVID-19, quien “está de acuerdo en que la transferencia de tecnología es crucial, pero considera que los mecanismos voluntarios son una mejor manera de lograrlo. La exención de patente, dice, es el ‘enfoque equivocado’ del problema porque las terapias y vacunas COVID-19 son productos biológicos complejos en los que las principales barreras son las instalaciones de producción, la infraestructura y los conocimientos técnicos. Los DPI ‘representan la menor de las barreras’”.

The Lancet amplía los puntos de vista críticos emitidos por el investigador noruego de la OMS que supuestamente debería pretender los mecanismos adecuados para la reparación masiva, efectiva y equitativa de la pandemia: “Røttingen, recientemente nombrado Norway’s Global Health Ambassador (Embajador de Noruega para la Salud Global), alega que renunciar a los DPI podría ayudar a producir sustancias de bajo peso molecular, ‘pero si desea establecer una línea de producción biológica, necesita mucha información adicional, experiencia, procesos y muestras biológicas, cepas celulares o bacterias’ para documentar a las agencias reguladoras que tiene un producto similar. En cambio, se debería presionar a las empresas individuales para que permitan licencias no exclusivas y la transferencia de tecnología de sus productos, en la línea de los acuerdos que para vacunas celebraron AstraZeneca y Novavax con el Serum Institute of India. Este modelo de asociación sería mucho más rápido. En lugar de buscar una solución ‘ideal’ inalcanzable, deberían identificar dónde están las barreras y trabajar en ellas”.

Las varias líneas que The Lancet dedica al “Embajador” no guardan relación con la nula referencia a las declaraciones de Tedros Adhanom, director general de la OMS, quien celebró la iniciativa de los dos países: “Damos la bienvenida a los esfuerzos para ampliar el acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas como la reciente propuesta de Sudáfrica e India”.

Según evalúa The New York Times “el pronóstico para la mayoría de los países en vías de desarrollo es funesto». El artículo se titula “Los países prósperos aseguraron sus vacunas pero ‘han vaciado los estantes’ para el resto”, y resume la conducta de los gobiernos acaparadores que “están reclamando más de la mitad de las dosis que podrían salir al mercado para fines del próximo año” y advierte que a muchos países de bajos recursos podría tomarles hasta 2024 obtener suficientes vacunas como para inmunizar a la totalidad de sus habitantes.

La evaluación del célebre medio de los Estados Unidos gira en torno de las producciones privadas de vacunas, con excepción de un corto párrafo dedicado a la china, pero ninguno a la rusa, por ejemplo. Los autores del artículo, actualizado el 18 de diciembre, llaman a la misericordia de los gobiernos ricos y de las empresas monopólicas pese a saber “que aunque los países ricos donen el excedente de sus vacunas, el resto del mundo no tendrá todas las dosis que necesita para finales del próximo año”. Por supuesto, ninguna mención al meollo de la traba que contribuirá a la muerte de los millones de desprotegidos del mundo. Queda claro el papel determinante de los DPI en las finanzas de los países centrales y la cantidad de cómplices, conscientes o no, que los apañan o aparentan desconocer.

Una reciente investigación del Financial Times presenta la letra chica del compromiso público de AstraZeneca en el suministro de las vacunas a precios sin fines de lucro mientras dure la pandemia. El informe del periódico inglés destaca que el acuerdo para la producción asociada con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil contiene una cláusula que autoriza al laboratorio a solicitar un precio con fines de lucro a partir de julio de 2021.

La falta de transparencia de los acuerdos de licencia para los tratamientos de la COVID-19 determinan la imposibilidad de evaluar los términos y condiciones bajo los cuales las empresas en los países en desarrollo pueden operar o, por ejemplo, analizar bajo qué modelo de precios las empresas pueden vender sus productos.

En coincidencia con el debate en el Consejo de los ADPIC, 379 organizaciones de la sociedad civil del mundo enviaron una carta a la OMC para pedir que “apoyen firmemente la adopción de la propuesta de la India y Sudáfrica para la exención mientras dure la COVID-19.

“Necesitamos una exención de los DPI aprobada por la OMC para facilitar “una solución mundial expedita, abierta y automática que permita la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro, y para abordar colectivamente el desafío mundial que enfrentan todos los países”. “Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales”, reclamaron los firmantes. Afirmaron. Además, que “el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y la I+D, fue rechazado por la industria farmacéutica” y, en su lugar, “las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos”.

“Estas estrategias comerciales restrictivas se han traducido directamente en precios exorbitantes y en ganancias excesivas, con sistemas de salud abrumados por la COVID-19 y con gobiernos que se enfrentan a una crisis económica inminente”, alertaron las organizaciones.







Los precedentes de exenciones

Médecins Sans Frontières (Médicos sin fronteras), la organización no gubernamental mundial, citó el ejemplo del medicamento remdesivir de Gilead, que se ha utilizado ampliamente contra el coronavirus en todo el mundo y ha escaseado en algunos países. MSF dijo que los gobiernos se han enfrentado a barreras de propiedad intelectual en el caso de remdesivir, con la consecuente escasez del fármaco. Esto también se vio en las ciudades indias. Dijo que Gilead firmó acuerdos con fabricantes seleccionados que levantaron barreras para acceder al medicamento.

“En lo que respecta a los beneficios de una exención, si hubiera un medicamento o producto para la COVID-19 se podría fabricar a costos inferiores utilizando capacidades nacionales. En lo que respecta a las vacunas, las patentes y los secretos comerciales representan barreras que los gobiernos están obligados a cumplir según las leyes impuestas por entidades como la OMC. En segundo lugar, las exenciones también pueden fomentar la innovación en ausencia de patentes y permiten y agilizan la producción de alternativas de bajo costo”, dijo K.M. Gopakumar, asesor legal de Third World Network.

En 2001 la OMC instituyó la Declaración de Doha para oponerse al desigual acceso de los países más pobres y en desarrollo a los medicamentos contra el VIH/SIDA. La declaración permitió a los países flexibilizar las leyes de patentes para la producción de alternativas genéricas a los fármacos costosos, esenciales para luchar contra el VIH/SIDA y la malaria.

En Sudáfrica surgió un movimiento para romper los monopolios de las empresas farmacéuticas sobre estos medicamentos. Este movimiento condujo a un diálogo y a una amplia deliberación global sobre los genéricos.

La situación que enfrenta la central comercial con sede en Suiza mereció un comentario de The New York Times: “la OMC está borracha en un bar, esperando si Joe Biden acudirá en su rescate”.







El sistema COVAX y las donaciones caritativas

Los copatrocinadores de la propuesta de exención de patentes dicen que el sistema COVAX, financiado a través de donaciones de países de altos ingresos (PAI), es insuficiente para garantizar un acceso oportuno y equitativo a los productos COVID-19.

COVAX tiene como objetivo adquirir 2000 millones de dosis de vacunas y compartirlas equitativamente entre los países de bajos ingresos. Sin embargo, según datos recopilados por la Universidad de Duke, Carolina del Norte, de Estados Unidos, COVAX reservó hasta ahora sólo 700 millones dosis de vacunas, en comparación con las 6000 millones reservadas por los PAI a través de acuerdos bilaterales con empresas farmacéuticas.

El informe de la OMS fechado en Ginebra, Suiza, el 18 de diciembre, anunció que COVAX “tenía acuerdos para acceder a casi dos mil millones de dosis de vacunas COVID-19”, cantidad que aseguraría “el acceso a una parte de la primera ola de producción, seguida de escalas de volumen a medida que haya más oferta disponible”. La doble mención de la palabra “accesos” no implica vacunados sino países que recibirán lotes; en segundo lugar habla de “primera ola de producción” y a continuación de “oferta más disponible”. Es evidente que la OMS no pretende ahondar, siquiera de soslayo, la incidencia de los DPI como factor clave para restringir la producción masiva de insumos COVID-19, para conformarse sólo con distribuir la “oferta disponible” que provendrá de los sobrantes de países ricos.

A renglón seguido, pretende aclarar que los acuerdos anunciados permitirán a los países participantes acceder “a las dosis en la primera mitad de 2021, y se prevé que las primeras entregas comiencen en el primer trimestre de 2021, dependiendo de las aprobaciones regulatorias y la preparación de los países para la entrega”. Un verdadero derroche de la palabra “primera” dedicada a dosis, entregas y época (semestre o trimestre), sin mencionar cantidades de población ni tiempos de vacunación. Pese a los galimatías, en el mismo informe el director general de la OMS reconoce: “Sólo terminaremos realmente con la pandemia si la terminamos en todas partes al mismo tiempo, lo cual significa que es esencial vacunar a algunas personas en todos los países, en lugar de a todas en algunos países. Y debemos recordar que las vacunas complementarán, pero no reemplazarán, las muchas otras herramientas que tenemos para detener la transmisión y salvar vidas. Debemos seguir utilizando todas”.

Mientras tanto, los países de ingresos bajos, con una población combinada de 1700 millones de personas, aún no han firmado un solo acuerdo bilateral sobre vacunas.

COVAX es parte de un esfuerzo mayor, el Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A (Acelerador de acceso a herramientas COVID-19), para suministrar a los países de ingresos bajos y medianos (PIBM) no sólo vacunas, sino también nuevos medicamentos como anticuerpos monoclonales, pruebas de diagnóstico, equipo de protección personal y oxígeno.

Sudáfrica enfatizó que el programa COVAX copatrocinado por la OMS y The Vaccine Alliance GAVI “por sí solo es insuficiente” porque “no responde a la necesidad de un acceso rápido y oportuno en respuesta a la pandemia”. A continuación, un informe de South Centre se refirió a “la inviabilidad de los enfoques voluntarios” que propone COVAX, cuando “tanto la UE como los Estados Unidos han impuesto coerción unilateral sobre muchos países en desarrollo al criticar el uso de leyes habilitantes para aplicar las flexibilidades de los ADPIC, incluso durante la pandemia de COVID-19”.

Bajo la tutela de la OMS, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; GAVI, The Vaccine Alliance, y la Fundación Bill y Melinda Gates-ACT-A establecieron objetivos específicos y con plazos determinados para las adquisiciones de vacunas. Por ejemplo, de las 2000 millones de dosis que COVAX pretende entregar, menos de 1000 millones irían a los PIBM. Si la vacuna requiere dos dosis, la cantidad cubriría menos de 500 millones de personas.

Los donantes proporcionaron hasta el presente 5000 millones de dólares del presupuesto requerido cuando se necesitan 43 000 millones para cubrir las necesidades de los PIBM durante el próximo año.

Pretendemos que este informe contribuya a precisar los argumentos de las partes, a sabiendas que los intereses en juego seguramente dificultarán la reflexión objetiva de quienes defienden su status quo.

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